Tras la imposición del estado de emergencia hasta el 18 de marzo, se espera un aumento de la seguridad y de los trastornos asociados en la capital, Lima, y en el Callao. La medida, que restringe la circulación y permite a las autoridades registrar propiedades y efectuar detenciones sin autorización judicial, se impuso el 2 de febrero. El notable aumento de la delincuencia durante los últimos meses motivó la medida.
Las autoridades han desplegado al ejército y a la marina para ayudar a recuperar el control, patrullar las zonas afectadas y reducir los niveles de delincuencia. Las autoridades se centran en las operaciones registradas en distritos como el Cercado de Lima, Independencia La Molina, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, San Miguel y Ventanilla (todos en Lima) y Callao. Si bien es poco probable que la violencia vinculada a disputas entre grupos criminales rivales tenga como objetivo a ciudadanos extranjeros, los incidentes delictivos, como robos y asaltos, experimentaron un aumento del 35% en Lima y del 10% en el Callao en 2021. A pesar del estado de emergencia, los incidentes de violencia siguen siendo posibles, incluso en represalia a estas medidas de seguridad.
Las organizaciones que tengan empleados en las zonas afectadas deben seguir todas las directivas oficiales, comunicarse con sus contactos locales para obtener información sobre los acontecimientos relacionados y consultar con International SOS cualquier duda al respecto. Mientras estén en vigor las restricciones de circulación, pueden producirse protestas asociadas que denuncien las estrictas medidas de seguridad en el Callao o en Lima. Por precaución, por precaución se debe evitar cualquier situación de este tipo.